Fuente: Versión Final
De acuerdo con la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez, residentes del oeste, centro y norte de Maracaibo admitieron haber usado el agua “en malas condiciones” y “no apta para el consumo humano” por no tener opción, luego de que escaseara durante mayo y dias transcurridos de junio
Las tuberías de su hogar estuvieron secas por 15 días. El domingo pasado, llegó el agua al fin. Jorge (*), un joven residente de una populosa urbanización de Maracaibo, la segunda ciudad más poblada de Venezuela, quedó sorprendido por su color: “era marrón, sucia, puro barro”.
Su madre y él, de 35 años, decidieron descartarla a pesar de la sequía. La mujer caminó varios kilómetros para buscar y cargar a casa un botellón de 16 litros de agua que un vecino le ofreció. Pensaba que tendría otra apariencia. Se equivocó.
“Somos gente de pocos recursos para comprar un botellón de agua, la ‘recarga’ cuesta cerca de 30 centavos de dólar o un millón 200.000 bolívares. La probé y sabía a pura arena. Eso no está apto para el consumo humano”, concluye.
Maracaibo es una de seis ciudades del estado más poblado de Venezuela, Zulia, cuya agua potable ha llegado a miles de hogares con aspecto “turbio”, como lo han denominado autoridades locales, como el gobernador Omar Prieto.
La pésima condición del agua en la región zuliana es multifactorial, argumentó esta semana el alcalde Luis Caldera, de Mara, uno de los municipios fronterizos con Colombia afectados. Según su versión, la deforestación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, los niveles imprevistos de las lluvias en las zonas de los embalses y las “intervenciones agrícolas” son las causas principales.
El gobernador, simpatizante del poder ejecutivo de Nicolás Maduro, decretó una contingencia para abordar el asunto. Caldera, sin embargo, no dejó entrever esperanzas de una solución pronta. “No podemos hablar de que vamos a hacer milagros. Dependemos de las condiciones de lluvia en la Cuenca, de las condiciones de erosión, del nivel que alcancen los ríos”, dijo a la prensa.
La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez, urgió este jueves a las autoridades a “restablecer la prestación eficiente de servicios públicos y garantizar un nivel mínimo vital de agua para la población”.
Según la organización, residentes del oeste, centro y norte de Maracaibo admitieron haber usado el agua “en malas condiciones” y “no apta para el consumo humano” por no tener opción, luego de que escaseara durante mayo.
Entre “caos” y el Covid-19
Para Manuel Acosta, habitante de San Francisco, ciudad vecina de Maracaibo, la problemática del agua es “un caos” y un “desastre” que se suma a la deficiencia de otros servicios, como el gas doméstico, del que no goza desde hace un mes.
La zozobra por posibles efectos del agua en la salud de su familia llevó a Acosta a aplicar espontáneamente sulfato de aluminio al tanque de almacenamiento de su hogar. “Es el famoso ‘alumbre’. Oía a las abuelas hablar de ello, pero no sabía qué era. He ido probando a ver qué cantidad recomendada es suficiente para asentar (los sedimentos). Ha mejorado la turbidez del agua, pero queda un toquecito químico, un sabor diferente. Esto es desesperante”, dice a la VOA.
En diciembre, cuando hubo una situación similar, aunque en menor tenor, el presidente de la institución encargada del servicio de agua en Zulia, Jorge Silva, recomendó no aplicar esos productos químicos en casa debido a que podría acarrear problemas gastrointestinales y del sistema nervioso.
Esas características del agua en la región occidental venezolana suponen un riesgo para la salud de quienes se aseen con ella o, en el peor de los casos, la consuman, evalúa la médico experta en infectología María Viki Zabaleta.
La doctora recomienda filtrar el agua con una tela limpia “cuantas veces sea necesario hasta que esté clara, no amarillenta y, posteriormente, deben hervirla durante 20 minutos para que sea utilizable para el consumo humano”.
“Si es para bañarse, deberían utilizar tabletas de cloro en tobos grandes. Se le colocan según las indicaciones para ser utilizable” para aseo personal, aconseja.
El envío de decenas de miles de litros de agua en posible condición insalubre desde las dos plantas potabilizadoras instaladas para esas seis ciudades coincide con un repunte de contagios por Covid-19 en Zulia.
La región suele ocupar el primer lugar de la lista de casos positivos del nuevo coronavirus que reporta el gobierno nacional a diario. Según las autoridades, hay 3.400 contagios activos en el estado -en marzo apenas superaban los 200-.
Venezuela es uno de los países con menor tasa oficial de contagios en Latinoamérica, con solo 248.000 casos positivos, aunque expertos independientes advierten de que las cifras reales son superiores debido a un subregistro de pacientes y de la insuficiencia de pruebas de PCR.
“Emergencia sanitaria”
La situación en Zulia generó protestas en sectores residenciales y frente a la institución encargada del servicio de agua potable, Hidrolago.
Los manifestantes, crispados, colocaron frente a esa sede numerosos envases plásticos repletos de líquido de color marrón. Algunos comentaron a la prensa que aprovecharon la llovizna de ese día para recoger agua limpia para sus casas.
El presidente de Hidrolago anticipó en un programa radial oficial que el nivel de turbidez mejoraría esta semana por la disminución de las lluvias y garantizó que existían suficientes toneladas de productos químicos para potabilizar el agua.
Mientras, Katyuska Morán, del sector 5 de Julio Sur, describe como “agua de tamarindo” el líquido que comenzó a entrar a los tanques de su comunidad la semana pasada. “Teníamos cerca de 40 días sin que llegara agua, pero tomamos la decisión de no dejarla entrar”, cuenta a la Voz de América.
Se dice convencida de que esa agua mancharía sus sanitarios y su ropa, y ni pensar en consumirla. “Ni que la pongas a reposar, es apta para consumo. Creo que ni los pajaritos podrían usar esa agua”, opina enojada.
La alternativa es pagar entre 25 y 40 dólares por 10.000 litros de agua potable un tanto más clara en camiones cisterna. La opción es “una pela (castigo) que no se aguanta tan fácil” en un país donde el salario mínimo mensual es de siete millones de bolívares o 2,23 dólares, expresa Manuel, de San Francisco.
Katyuska, por su lado, valora la situación como “crítica” y resalta que esa agua turbia no permite mantener la higiene adecuada dentro de su hogar en pleno “pico” del Covid-19. Jorge, el joven de San Jacinto, coincide con su alarma.