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En Venezuela persisten graves violaciones de derechos humanos.

En Venezuela persisten graves violaciones de derechos humanos.

Fuente: El Tiempo

En menos de un año se registraron 97 incidentes contra la sociedad civil, según informe de la ONU.

Venezuela registró, entre el 1°de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, 97 incidentes en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, según reveló el informe presentado este lunes por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el que, precisamente, expresó su alarma por la situación de la sociedad civil y de los medios de comunicación venezolanos.

Coincidiendo con los festejos por el Día de la Independencia de Venezuela, el informe de Bachelet indicó que la labor de los periodistas en Venezuela “se vio obstaculizada por restricciones normativas y administrativas, y en algunos casos sus miembros se enfrentaron a procesos penales relacionados con su trabajo”.

Según pudo documentar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre los 97 incidentes contra defensores, periodistas, dirigentes sindicales, activistas y miembros de oenegés “figuran dos muertes, seis actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y diez casos de estigmatización”.

Como era de esperarse, Bachelet se refirió a la reciente detención de los activistas de la organización FundaRedes entre los que figura la de su director, Javier Tarazona.

El arresto de tres miembros de FundaRedes hace solo tres días es un ejemplo preocupante de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización. Aprovecho esta intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores de su elección”, dijo Bachelet.

El pasado viernes en el estado Falcón, Venezuela, Tarazona, quien fue la principal voz de denuncia del conflicto entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y las disidencias de las Farc en el estado Apure –fronterizo con Colombia–, fue detenido, junto con sus compañeros Rafael Tarazona y Omar García, cuando acudían a la sede del Ministerio Público en el estado de Falcón para denunciar que el líder de la ONG estaba siendo “víctima de acoso y persecución por funcionarios” de la policía de esta entidad, el Sebín y “funcionarios sin identificar”.

El juzgado tercero de Caracas envió el sábado a prisión a los tres activistas por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. La organización Foro Penal denunció que a los activistas se les impidió ser “asistidos por sus abogados de confianza”.

En su informe, la oficina de la alta comisionada indica que los avances en materia de protección de los defensores de derechos humanos y los periodistas han sido limitados y que, por el contrario, las autoridades han adoptado leyes y reglamentos que afectan negativamente los derechos de asociación y reunión y el derecho a la libertad de expresión.

Una de las preocupaciones reiteradas por Bachelet es la estigmatización de representantes de la sociedad civil por parte de funcionarios, así como la vinculación de activistas con procesos penales sustentados, según la información recabada por su equipo, en pruebas poco sólidas o en la criminalización de formas legítimas de participación cívica, como la protesta o la expresión de posiciones críticas.

En el mismo sentido, y tal como lo ha expresado en informes anteriores, el ACNUDH manifestó su inquietud por la definición legal de “terrorismo”, a la que considera vaga y que “se interpreta de manera que engloba una categoría cada vez más amplia de actividades, organizaciones y personas”. Un caso similar ocurre con “incitación el odio”, cuyos conceptos clave, como “discurso de odio”, tampoco tienen una definición precisa, “lo cual permite un amplio margen interpretativo y limita la previsibilidad para su cumplimiento”.

Adicionalmente, la oficina de Bachelet identificó que tampoco hay plenas garantías del debido proceso y denunció en particular la ocurrencia de allanamientos sin órdenes judiciales, el uso rutinario de la detención preventiva, la denegación de acceso a un abogado elegido por el procesado o el incumplimiento de plazos procesales.

Los procedimientos penales contra personas defensoras de los derechos humanos tuvieron efectos multiplicadores sobre toda la sociedad civil, y organizaciones, periodistas y activistas de derechos humanos declararon que habían limitado o cesado sus actividades por temor a ser procesados”, señala el informe.

La alta comisionada resaltó como positiva la liberación de personas de la sociedad civil que se encontraban detenidas y saludó todo esfuerzo encaminado al diálogo entre sus representantes y los del Gobierno.

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