Fuente: El Nacional
Están en la primera línea de los impactos sociales, económicos y ambientales de la actividad minera en el sur de Venezuela. Han sufrido pobreza extrema y discriminación durante siglos. Han sido el blanco de la propaganda chavista y aunque recibieron algún reconocimiento en la Constitución de 1999, los beneficios no lograron materializarse en mejoras en su vida diaria. Son los pueblos indígenas de Venezuela: el grupo con los peores indicadores en materia de salud e inseguridad alimentaria.
Un breve repaso de la situación de las personas indígenas en Venezuela revela dos cosas. Por un lado, hay muy poca información pública sobre las estadísticas de pobreza de los pueblos indígenas, el acceso a bienes y servicios, a programas sociales de alimentación y los indicadores de salud o educación. Por el otro, no existen políticas públicas diferenciadas para abordar los desafíos clave que enfrentan.
A partir de la información disponible, ¿cuál es la situación actual sobre dos derechos básicos: el acceso a la salud y el acceso a una alimentación adecuada? Vale decir que estos derechos básicos están contenidos en el Protocolo de San Salvador, instrumento interamericano de derechos humanos para la protección de los derechos económicos, sociales, derechos culturales y ambientales que Venezuela suscribió el 27 de enero de 1989, y que ratificó el país bajo la presidencia interina de Juan Guaidó, el 24 de julio de 2020.
Con respecto al derecho a la alimentación, ha habido serios desafíos de movilidad debido a la falta de transporte público y combustible, y como resultado de las limitaciones inherentes que enfrentan los pueblos indígenas que generalmente viven en áreas remotas. La posibilidad de intercambiar alimentos, e incluso producirlos en sus comunidades, también se ha visto afectada por la falta de combustible.
Y por supuesto, el colapso económico en Venezuela, la hiperinflación, el desempleo y la dolarización de la economía han golpeado duramente a todos los venezolanos, pero los indígenas que viven en las zonas rurales se han visto afectados de manera diferenciada y más profunda. Las personas que están enfermas a menudo mueren porque están varados en sus comunidades remotas sin combustible para ser transportados a recibir asistencia médica.
Si miramos al programa de alimentación social conocido como las bolsas CLAP, por ejemplo, muchos pueblos indígenas temen la persecución política si no se alinean con las autoridades del régimen a nivel local y por tanto aceptan las provisiones de alimentos sacrificando sus derechos políticos; Provea ha documentado ampliamente el uso de los CLAP por parte del régimen para fines electorales y políticos. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos informa que los mayores indicadores de inseguridad alimentaria se encuentran en los estados de Delta Amacuro (21%), Amazonas (15%), Falcón (13%), Zulia (11%) y Bolívar (11%), los estados con mayor presencia de población indígena en el país.
En salud, una serie de intervenciones humanitarias en 2019 ayudó a reducir el número de infecciones y muertes por malaria, difteria y sarampión, que están afectando a una gran cantidad de venezolanos, con prevalencia específica en pueblos indígenas. A pesar de los avances, la situación sigue siendo preocupante. Aquellos que están enfermos a menudo mueren porque están varados en sus comunidades remotas sin combustible para ser transportados a recibir asistencia médica. En las comunidades de Caura y Arebato, en Bolívar, donde viven los pueblos Sanemá y Yekuana, hay relatos de que algunos de ellos murieron por complicaciones asociadas con la malaria durante la cuarentena COVID-19 porque no tuvieron como ser transportados.
Existe otra dimensión del impacto de la crisis humanitaria en el derecho de los pueblos indígenas a la salud vinculado a las infecciones por el VIH. Hay una mayor incidencia de VIH entre los pueblos indígenas venezolanos debido a diversas razones culturales; sin embargo, han tenido un acceso muy restringido a los tratamientos antirretrovirales para la enfermedad. Esto amenaza la propia existencia de los waraos en el Delta del Orinoco, en el oriente de Venezuela, comprometiendo también los indicadores de salud de estos pueblos en el mediano y largo plazo
Y hay mucho más que decir sobre la situación que enfrentan con la explotación de los recursos naturales en Bolívar, y la invasión de la zona por parte de grupos armados ilícitos (incluido el ELN colombiano) con la bendición de las fuerzas de seguridad de Maduro, y cómo eso impacta a los indígenas o las promesas incumplidas en cuanto a sus derechos civiles y políticos y su representación, pero eso lo dejamos para otro artículo. En este momento, no existen planes reales para atender o dar respuesta a sus necesidades de salud o seguridad alimentaria, salvo los reflejados en el Plan de Respuesta Humanitaria desarrollado por OCHA, PNUD y agencias de cooperación internacional en el tema particular de las enfermedades transmisibles (malaria, difteria y amarillo fiebre), o algunos de los puntos cubiertos por el esfuerzo de Plan País.
Necesitamos datos para conocer la situación de nuestros pueblos indígenas con mayor precisión, y utilizando esos datos, necesitamos desarrollar políticas diferenciadas para restaurar sus derechos humanos y sus derechos a la autodeterminación. Esta fue una promesa incumplida de los últimos 20 años, y si queremos preservar esa parte de nuestra historia contenida en sus vidas, tiene que ser una promesa que debe cumplir una transición democrática.